En las últimas horas -en relación con la decisión del Juzgado de Instrucción nº 7 de Alicante, de archivar, a raíz del caso Brugal, las escuchas telefónicas sobre la presunta compra de partidos por el Hércules C.F. y de no dar traslado de las mismas al C.S.D. y a la R.F.E.F.- asociaciones verdiblancas y periodistas de los mismos colores han ido de la mano, en la pataleta anual del club menor de la ciudad –el año pasado le tocó al Xerez- por tratar de recuperar en los despachos lo que dilapida en los terrenos de juego. Así, en perfecta armonía, han llegado a solicitar en las últimas horas -descalificación profesional incluida al “juececito del Hércules”- hasta la paralización de la Liga.

Con total impunidad unos cuantos indocumentados acusan de prevaricador a un juez que se limita a aplicar la doctrina y la jurisprudencia al uso, con el fin de evitar la vulneración de derechos fundamentales como el de la intimidad y el secreto de las comunicaciones. Téngase en cuenta que la intromisión judicial en esos derechos, prevista en nuestra Constitución, en ningún caso puede servir de amparo para investigar una presunta infracción administrativa como la que se denuncia.

Para los no iniciados, iletrados y “adalides del juego limpio”, que ignoraron –más bien carcajearon, en compañía de su dueño de ayer, de hoy y de siempre- otros casos como, por ejemplo, el del “pitisú del Llérida” o el del “gol de cabeza en Málaga”, valga el siguiente y clarificador apunte jurídico sobre la validez de las pruebas obtenidas violentando los derechos fundamentales:

La Sentencia del Tribunal Constitucional 114/1984, referida a la doctrina de la prueba ilícita e influenciada por la doctrina anglosajona “The fruit of the poisonous tree doctrine”, obligó al legislador de la época a recoger el pronunciamiento en el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985: “En todo tipo de procedimientos se respetarán las reglas de buena fe. No surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales”.

Desde entonces, tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo han venido pronunciando numerosas resoluciones abordando el siempre espinoso y controvertido debate sobre la prueba ilícita o prohibida, sucediéndose todo tipo de criterios, interpretaciones y opiniones doctrinales, aunque sin desviarse en exceso del primitivo pronunciamiento: las pruebas obtenidas en la investigación de un determinado delito, violentando derechos o libertades fundamentales, no surtirán efecto alguno en la potencial aparición de otras infracciones que pudieran aflorar como consecuencia de dicha investigación.

Como muestra de su aplicación, valga la reciente Sentencia 64/2010, de 9 de febrero, del Tribunal Supremo que establece en su fallo “que debemos declarar y declaramos haber lugar al Recurso de Casación por infracción de ley con estimación de su motivo segundo (… dado que toda la prueba obtenida en la causa, lo fue a través de las escuchas telefónicas, la declaración de nulidad implica la de toda la prueba obtenida conforme establece el artículo 11 L.O.P.J. y la teoría del fruto del árbol emponzoñado)”.

Ese es nuestro estado de Derecho; para bien o para mal, el que debemos respetar si creemos en el sistema.

Que el club menor de la ciudad (nunca olviden el “pitisú del Llérida” o el “gol de cabeza en Málaga”) solicite justicia en este caso, no deja de ser un destemplado y desafinado canto a la socarronería del más grande de los truhanes.

Paco Romero